Nos llega el acostumbrado analisis de Pilar Arroyo R.P.
del Instituto Bartolomé Las Casas sobre la coyuntura política en el pais.
Provecho con su lectura.
I.- A NIVEL DE DERECHOS HUMANOS
1.- La ratificación de la sentencia a Alberto Fujimori
La Corte Suprema confirmó la sentencia de 25 años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori por su responsabilidad como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Por el tipo de delito cometido se le dificulta la posibilidad de indulto pues la ley 28760 prohíbe el indulto, la conmutación de pena y el derecho de gracia presidencial a los condenados por secuestro. Recordemos que hay dos candidatos presidenciales para el 2011 que han ofrecido indultarlos: su hija Keiko y Jaime Bayly.
2.- El Museo de la Memoria avanza
Pese a la oposición de diversos sectores el Museo de la Memoria se va abriendo paso. El 16 de diciembre se realizó la ceremonia de entrega del terreno donde se edificará. En dicha ocasión Mario Vargas Llosa, quién preside la comisión encargada del museo, dijo que “el Museo será la casa de todas las víctimas sin ninguna excepción, sin ningún prejuicio, sin ningún parti-pris ideológico o político”.
Vargas Llosa también hizo una defensa de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Es así que manifestó que “la responsabilidad del terrorismo de Sendero, el MRTA y otros grupúsculos fanáticos, en la tragedia que vivió el Perú en aquellos años, quedó probado hasta la saciedad en la investigación, muy injustamente criticada, que llevó a cabo la Comisión de la Verdad que presidió el doctor Salomón Lerner y que muchos de cuyos objetores –dicho sea de paso- no se han preocupado siquiera de leer” (1).
3.- Las exhumaciones continúan
En Ayacucho se descubrió una fosa con los cadáveres de escolares presuntamente ejecutados extrajudicialmente por las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, como en casos anteriores, esta importante labor no fue adecuadamente cubierta por los medios de comunicación.
4.- La falta de reacción ante la aparición de un “escuadrón de la muerte” en Trujillo
La valiente investigación y denuncia del periodista Ricardo Uceda sobre las ejecuciones extrajudiciales de 46 presuntos delincuentes en Trujillo, publicada en la Revista Poder (2) no han ameritado una adecuada respuesta del gobierno ni de la opinión pública.
Más bien nos preocupa lo que nos dice la encuesta nacional de Diciembre del 2009 de la encuestadora Ipsos-Apoyo: “La existencia de un “escuadrón de la muerte” integrado por policías destinado a asesinar a posibles delincuentes en Trujillo genera una preocupante aprobación de cerca de la mitad de la opinión pública, proporción que se incrementa en los sectores populares y fuera de la capital. Este respaldo revela que la sensación de inseguridad ciudadana y la desconfianza en el sistema de justicia es tan grave que la población simpatiza con métodos violentos para imponer el orden, aun a riesgo de que se cometan abusos e injusticias” (3).
A NIVEL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
1.- Las decisiones del juez encargado de la investigación de los Petro Audios
Aprovechando las fiestas de fin de año, el 22 de diciembre Jorge Barreto, juez encargado de la investigación sobre los Petro-Audios (el escándalo más grande de corrupción del segundo gobierno Aprista) ha decidido que los audios (que pusieron al descubierto a los principales implicados) no se tomarán en cuenta como pruebas incriminatorias. Su gran argumento es que son pruebas ilícitas que transgreden los derechos constitucionales de los interceptados: el ex ministro aprista Rómulo León Alegría y el ex directivo de Perupetro, Alberto Quimper.
Lamentablemente, no es la primera vez que Barreto actúa así. Como bien recuerda el Resumen Semanal de Desco:“Ya en marzo de 2009, Barreto declaró inválidos los dos informes emitidos por la Contraloría General de la República que corroboraban las irregularidades en la concesión de los lotes de petróleo y pidió un peritaje que reemplace a los informes de Contraloría. Los peritos convocados por Barreto no habrían encontrado irregularidades en el proceso de concesión de los lotes petroleros, contradiciendo las conclusiones de Contraloría”. Felizmente, antes de terminar el año, la 3ª Sala Penal Anticorrupción le enmendó la plana y ordenó admitirlos como prueba.
Desco agrega que: “el juez Barreto ha ido desechando una a una las principales pruebas presentadas por la fiscalía, pero pone en evidencia también que detrás de la investigación que ya lleva 15 meses, hay demasiadas presiones políticas para que el caso concluya absolviendo a los implicados y desactivando cualquier vínculo que involucre al partido aprista. Estaríamos, según opiniones periodísticas, ante la crónica de una liberación anunciada” (4).
Ante esta decisión de Barreto, el gobierno, a través del Ministro de Justicia, Aurelio Pastor, solicitó al Poder Judicial el cambio del juez encargado de la causa, a sabiendas que eso no procede. Ello motivó el siguiente comentario del analista político, ex director del diario Perú 21, Augusto Álvarez Rodrich: “Se debe intuir que el pedido del ministro Pastor de sacar al juez Barreto del caso de los petroaudios no es una iniciativa sincera del gobierno sino un amago, una movida mañosa, seguramente con el fin de intentar tomar distancia, de cara a la opinión pública, frente a lo que va a ser el escándalo más grande de este lustro político” (5)
2.- El indulto presidencial
Y sabiendo que las fiestas nos tienen distraídos en otras cosas, el Sr. Presidente aprovechó para indultar, el 11 de diciembre, a José Enrique Crousillat, por razones humanitarias. El indultado, de 77 años, quien se encontraba “delicado de salud” e internado en una clínica hace dos años, abandonó de inmediato la clínica y se fue a veranear a las playas de Asia.
Crousillat había sido condenado a ocho años de prisión por poner el Canal 4 a disposición del gobierno fujimorista, servicio por el que recibía 619 mil dólares mensuales de parte de Vladimiro Montesinos, llegando a recibir un total de 69 millones de soles por dicha “tarea”.
Al respecto Augusto Álvarez Rodrich señala que el diario La República ha demostrado que en el caso Crousillat se han fabricado “argumentos para camuflar su decisión –que es política- como si fuera por razones de salud y humanitarias”(6). Y en un editorial de La República se señala que “El indulto de que ha sido beneficiario es un grave error político y deja, otra vez, la impresión de una inaceptable mano blanda con la corrupción, que es uno de los aspectos que más critica la opinión pública al régimen democrático”(7) .
Por su parte, Fernando Rospigliosi comentó “La enseñanza que reciben los peruanos es que un delincuente se apropia de decenas de millones de soles del erario público que todos financiamos con nuestros impuestos, y cuando por fin la justicia lo atrapa y sentencia en un juicio ejemplar, se pasa un par de años en una clínica y luego es salvado por otro gobierno tan corrupto como el de Fujimori” (8).
3.- Las resoluciones del Tribunal Constitucional
El 15 de diciembre la 1ª Sala Anticorrupción decidió acatar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que excluye del proceso por enriquecimiento ilícito al ex Comandante General del Ejército y ex ministro del Interior durante el fujimorismo, Walter Chacón Málaga, a pesar que dicha sala penal estaba a semanas de dictar sentencia.
El Tribunal Constitucional tomó dicha decisión argumentando que la demora de su proceso judicial (llevaba ocho años y diez meses) es suficiente causal para olvidar jurídicamente la comisión del delito, pues la excesiva duración del proceso no puede ser imputada al procesado.
Diversos analistas, entre ellos el procurador anticorrupción Pedro Gamarra, consideran que la cuestionable resolución del Tribunal Constitucional abre las puertas a la impunidad en los delitos de corrupción.
El abogado Carlos Rivera dijo que la sentencia es perjudicial “no solo para la lucha anticorrupción, sino para el Estado de derecho que reconoce garantías y competencias. El TC no puede absolver y excluir personas de un proceso, esa es competencia exclusiva del Poder Judicial. Por ello, este fallo es totalmente anticonstitucional”. El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, también advirtió que la resolución del TC podría generar un efecto dominó a favor de otros procesados por corrupción” (9).
III.- EL CONFLICTO AMAZÓNICO
Como se recordará el gobierno peruano quedó aislado nacional e internacionalmente a raíz de los aciagos sucesos del 5 de junio en la curva del diablo (Bagua) que se dieron en el marco del conflicto amazónico. Dicha situación lo obligó a iniciar un proceso de diálogo con dichas poblaciones, en base a cuatro mesas, en el marco del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, las mismas que presentaron su informe en diciembre. El 12 de enero se realizó la reunión de entrega pública de los informes.
A la fecha sólo se tiene acceso al informe presentado por la Mesa 1, más no los restantes. Sin embargo, la situación parece ser la siguiente:
1) La mesa 1:
El objetivo de dicha mesa era “determinar las causas y consecuencias de orden socio-cultural, económicos, políticos y religiosos, que dieron origen a los sucesos del 5 de junio de 2009, en la provincia de Bagua, con fines de reconciliación” tal como figura en la p. 3 del “Informe Final de la Comisión Especial para investigar y analizar los Sucesos de Bagua, Ajumaish Junikchamu Ati, Para que nunca mas vuelta a suceder” (en adelante Informe Final).
Dicha comisión trabajó del 7 de setiembre al 21 de diciembre del 2009, pero su Informe Final fue sólo firmado por 4 de los siete comisionados nombrados. Posteriormente la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha retirado la firma de su comisionado, Manuel Bernales, por no estar de acuerdo con dicho informe.
Dos de los comisionados que no firmaron: María del Carmen Gómez y Jesús Manacés han presentado 43 observaciones en 8 páginas que figuran como anexo en el Informe Final y han ofrecido presentar un informe alternativo “en un tiempo prudencial” (19). Las principales objeciones de ellos son:
+ que “la gran mayoría de sus afirmaciones [del Informe Final] carece de una sustentación rigurosa” (n.4).
+ que el Informe Final se parcializa abiertamente con la versión gubernamental. Es así que señalan que: “en casi todos los párrafos se afirma o se remite a un solo testimonio u opinión de parte, sin reflejar la pluralidad de opiniones gran mayoría de sus afirmaciones [del Informe Final] carece de una sustentación rigurosa” (n.4).
Y en el n. 6 dicen “Es importante señalar que no se da el mismo carácter de verdad a los testimonios recogidos de las autoridades que a los testimonios recogidos de los indígenas; en muchos casos estos últimos han sido sacados de su contexto, impidiendo apreciar el verdadero sentido de lo que se quería decir y volviéndolos contra ellos mismos”.
+ que no se señalan responsabilidades específicas: “En el Informe Final (…) se ha cuidado de manera notoria el propósito de no responsabilizar a los autores de las decisiones más relevantes que generaron los sucesos del 5 de junio en Bagua” (n.27) (…) “no se ha logrado aún determinar cómo fue el operativo (…) y cuál fue el rol del ejecutivo en estos hechos” (n. 8). En el n.10 agregan que “los hechos sucedidos el 5 de junio de 2009 no han sido hasta hoy debidamente aclarados, ni las responsabilidades correspondientes correctamente definidas”.
+ manifiestan su desacuerdo con la idea central del Informe Final, de que la “causa de la protesta de los pueblos indígenas de la Amazonía, haya sido que éstos no ´comprendieron bien´ el contenido de los decretos legislativos cuestionados” (n.5). Así afirman: “nos sorprende que se haya incorporado como principal causa de todo lo sucedido la falta de comunicación o explicación de los decretos legislativos” (n.5).
+ también su desacuerdo con la afirmación del Informe Final de que los sucesos de Bagua fueron fruto de la manipulación: “debido a que hubo dirigentes gremiales, miembros de partidos políticos, sectores de la Iglesia Católica, integrantes de ONG, etc. que distorsionaron sus contenidos, manipulando y engañando de esta manera a los Pueblos Indígenas” (nn. 5, 9 y 18).
+ igualmente rechazan que el Informe Final, en su página 81, afirme que: “Las evidencias muestran que la policía estuvo a la defensiva y no al ataque como pretendieron mostrar los medios de comunicación y algunos testimonios. Los policías no atacaron a los nativos, son los nativos lo que suben en masa a buscar a la policía en la cima del cerro acorralándolos y ellos los repelen con gases lacrimógenos y perdigones. Al sentirse acorralados y en defensa propia disparan y siendo rebasados por la masa”.
Para ambos comisionados más bien en Bagua se dio una “acción policial desmesurada e injustificada, como lo demuestra el propio Informe Final al existir –como este reconoce- acuerdos para un desalojo pacífico de las carreteras e instalaciones tomadas en distintos puntos de la Amazonía” (n. 31) (11).
Además señalan que el Informe Final “no ha hecho notar el clima permanente de hostilización del Estado contra las organizaciones indígenas, lo que evidentemente no favorece en absoluto el restablecimiento de la paz y reconciliación buscadas” (n. 35).
+ Manacés y Gómez también muestran su desacuerdo con las recomendaciones del Informe Final. En el n. 9 dicen que “la gran mayoría de las recomendaciones son discutibles y encierran una crítica severa, otra vez, contra organizaciones sociales, sectores de la Iglesia, partidos políticos, dirigentes, ONG, como si la actuación de los grupos indígenas siempre fuera producto de engaños o manipulaciones”.
2) La mesa 2
Los integrantes de esta mesa han revisado los decretos que no se derogaron. Según Patricia Wiese en sus conclusiones los integrantes de esta mesa piden la derogatoria de los decretos 994, 1020, 1080 y 1089 pues consideran que vulneran directamente sus derechos. En cuanto a los Decretos 1081, 1083, 1060 y 995 plantean modificaciones.
Patricia Wiese afirma que “Además de conflictiva, esta Mesa 2 ha resultado productiva. Veinte personas, entre indígenas y representantes del Estado, han hecho un trabajo de avanzada en el tema forestal porque era urgente llenar el vacío legal dejado por la derogatoria de la ley. Han cambiado el sentido y el enfoque basado en un modelo extractivo primario por uno de conservación, de gestión integral del bosque, que valora la biodiversidad y con enfoque intercultural. El resultado es una matriz con los aportes técnicos a la normativa forestal y de fauna silvestre”(12).
3.- La mesa 3
Estuvo encargada de ver los mecanismos para hacer efectivo el derecho de consulta de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicha mesa ha propuesto una ley al respecto. Esta semana la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, respaldó su trabajo, urgiendo al Congreso a aprobar la ley que implemente el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
Para la Defensora del Pueblo el conflicto de Bagua puso en evidencia fallas y vacíos en la estrategia del Estado para preservar la paz. Según la doctora Merino "Una de esas fallas fue no haber utilizado la consulta a los pueblos indígenas como un instrumento para el diálogo y para la construcción de consensos. Y el vacío de un procedimiento establecido por ley para facilitar el ejercicio de este derecho, que es ley de la República desde hace 15 años".
Esta Mesa también ha planteado la necesidad de lograr el consentimiento de las comunidades, y la revisión de todos los contratos vigentes como se ha hecho en Ecuador.
4.- La mesa 4
Ha trabajado una Propuesta Nacional de Desarrollo Amazónico, tomando como base los avances realizados por la Mesa de Diálogo Nacional con las Comunidades Indígenas Amazónicas, creada en 2001, durante el Gobierno de Valentín Paniagua.
Entre sus propuestas figura que el subsuelo les pertenezca a las comunidades indígenas. Según P. Wiese “Ellos creen que ese es el quid del asunto para garantizar la propiedad de sus tierras comunales”. El segundo punto es la propuesta de crear un Ministerio de Asuntos Indígenas.
La primera propuesta implica La necesidad de modificar el artículo 66 de la Constitución que establece que los recursos naturales son propiedad del Estado, que los entrega en concesión a terceros. Ello en la práctica hace que el propietario del suelo sea uno y el del subsuelo otro, arrasando con los legítimos derechos del propietario del suelo.
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(1) “Que sea casa de todos los peruanos” en La República 17 de diciembre del 2009.
(2) R. Uceda “El misterio del escuadrón de la muerte” en Revista Poder del 16 de noviembre del 2009. Se puede bajar de http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=3011
(3) Ipsos-Apoyo Opinión Data. Año 9, n. 120, diciembre 2009. Encuesta nacional urbana llevada a cabo en las 15 principales ciudades del país.
(4) Desco, Resumen Semanal n. 1573 (Lima, 13 – 19 de enero de 2010).
(5) Resumen Semanal n. 1573.
(6) “Robó, huyó y lo indultaron. El indulto a Crousillat es un insulto de Alan García a la ética” en La República 2 de enero del 2010.
(7) “Indulto que trae cola” en La República 13 de diciembre del 2009.
(8) Desco, Resumen Semanal n. 1569 (Lima,09 – 15 de diciembre de 2009).
(9) Desco, Resumen Semanal n. 1568 (Lima,02–08 de diciembre de 2009).
(10) Sus observaciones, junto con el Informe Final pueden bajarse de http://www.aidesep.org.pe/editor/documentos/933.pdf
(11) Y nosotros agregamos, que los firmantes del Informe Final no toman en cuenta lo que ellos mismos consignan en su Cronologia, en la página 69 de dicho informe: “21 de julio del 2009 “Las investigaciones de la Junta de Fiscales de Amazonas concluyen que los indígenas apostados el 5 de junio en la “Curva del Diablo” no llevaban armas de fuego, contradiciendo la versión del ex director de la PNP General José Sánchez Farfán”.
(12) P. Wiese “Post Bagua, Ritmo, Tambor y Dudas”, en Revista Ideele n. 196 (diciembre 2009) p.53.
(13) “Beatriz Merino emplaza a Congreso a dictar ley” en La República 20 de enero del 2010.
NUEVO AÑO, VIEJOS DESAFÍOSDesde nuestra última entrega (1 de diciembre del 2009) hasta la fecha diversos acontecimientos relacionados con temas de derechos humanos, lucha contra la corrupción y el conflicto amazónico han tenido lugar. Veamos:
